El decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación es motivo de preocupación para diferentes sectores políticos, púbicos y privados del país. Todo por cuenta de que una cifra cercana a los $12.5 billones destinados a proyectos de infraestructura vial en el país no fueron desagregados dentro del decreto y quedarían para uso discrecional del Gobierno.
La situación ha encendido las alarmas del presidente de Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer que no ha dudado en señalar que la falta de esos recursos dejaría en vilo la financiación de iniciativas estratégicas para la conectividad y competitividad del país como la Primera Línea del Metro de Bogotá.
La decisión del Gobierno Nacional en concepto de la CCI es inédita ya que el uso discrecional de esos recursos por parte de la Minhcienda paraliza el funcionamiento de entidades como el INVÍAS y la ANI, además de violentar lo dispuesto por la Ley Estatutaria de Presupuesto. Según la comunicación del gremio “Es la primera vez en la historia del país que tal situación se presenta.”
Los recursos en vilo hacen parte de vigencias futuras para proyectos viales en el país, y en concepto de la CCI, “cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras”. La aseveración se debe a que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los recursos se desembolsarían según los avances físicos que presenten los proyectos comprometidos con las vigencias futuras.
La CCI va más allá. Asegura que el decreto de liquidación del presupuesto ya ha llevado a la parálisis de varios proyectos del INVÍAS, como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, dejando sin trabajo a 2.600 microempresarios cuyos contratos se suspendieron el 31 de enero de este año. Según el gremio también fueron suspendidos los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 era de $267 mil millones.
La situación es tan grave que el INVÍAS no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas lo que podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales como el cruce por el Túnel de la Línea cuyo contrato vence el próximo mes de marzo. También se afectan 57 proyectos declarados de importancia estratégica como la variante San Francisco – Mocoa, San José del Guaviare- Calamar y la transversal del Catatumbo. También se pone en jaque un programa del propio Gobierno Nacional denominado “Caminos Comunitarios para la Paz”.
