Gobierno apunta a recaudar hasta $37 billones en 2030, ampliando la base del IVA y subiendo la carga sobre combustibles, dividendos y sectores estratégicos. Expertos y gremios alertan por el impacto en el consumo y la inversión.
El Gobierno Nacional radicó este 1° de septiembre en la Cámara de Representantes el nuevo proyecto de Reforma Tributaria, con el que espera asegurar recursos frescos para financiar sus apuestas sociales y cerrar el déficit fiscal. La meta es ambiciosa: recaudar $26,3 billones en 2026 y más de $37 billones en 2030.
Sin embargo, el camino escogido despierta inquietudes entre empresarios, analistas y gremios. El articulado plantea una ampliación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a bienes y servicios que hasta ahora estaban exentos o tenían tarifas reducidas, así como un aumento de la carga tributaria sobre sectores energéticos, financieros y extractivos.
De esta manera, el impuesto se modificará en los siguientes servicios y productos:
- Juegos de azar y apuestas: presenciales y en línea.
- Parqueaderos y cuotas de administración en oficinas (no residenciales).
- Combustibles: desde 2026, gasolina y ACPM tendrán IVA del 10%, y desde 2027 y 2028, respectivamente, se les aplicará la tarifa general del 19%.
- Licores y vinos: quedarán con tarifa general del 19%, aunque un 5% del recaudo se destinará a financiar la salud en los departamentos.
También se eliminarán los beneficios a vehículos híbridos y sus componentes, que pasarán del 5% al 19% de IVA, encareciendo su adquisición.
En contraste, el Gobierno mantendrá alivios del 5% para alimentos básicos como arroz, café, azúcar y pan, así como para algunos insumos agrícolas y energías limpias, en un intento por no golpear la canasta familiar ni frenar la transición energética.
Empresas: más renta, más impuestos ambientales y dividendos más costosos
- Renta: las empresas de carbón y petróleo tendrían una sobretasa hasta del 15%, llevando su carga tributaria total cerca del 60%.
- Dividendos: subirían de 20% a 30%. Para inversionistas extranjeros, la carga total llegaría a 54,5%.
- Sector financiero y asegurador: pagaría una tarifa de renta del 50%.
- Impuestos ambientales: se crea un gravamen del 1% a la extracción de petróleo y carbón y un impuesto nacional al carbono que llegará a $42.609 por tonelada de CO₂ en 2029.
El Ministerio de Hacienda estima que solo por efectos sobre personas jurídicas el recaudo será de $1,3 billones en 2026, aumentando hasta $3,2 billones en 2030.
El debate está servido: ¿progresividad o freno a la economía?
Aunque el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la reforma como un mecanismo de justicia fiscal que tiene un carácter progresivo en el que aportarán más quienes poseen más ingresos y patrimonio, que incentivará la inversión interna y que no impactará con fuerza a los estratos bajos y medios, las críticas no se hicieron esperar.
“Estamos ante una propuesta que busca resolver el desequilibrio fiscal no con eficiencia en el gasto, sino extrayendo aún más recursos de los ciudadanos y del sector productivo”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente nacional de Fenalco.
Desde el sector energético, Julio César Vera, presidente de XUA Energy, advirtió sobre el impacto en combustibles: “El IVA de los combustibles implicaría un aumento cercano a $208 por galón en gasolina y diésel, un costo directo para transportadores y consumidores”.
En el mismo sentido se pronunció el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, quien fue más allá: “El impuesto atizará la inflación. Subirá el precio de los combustibles y con ello pasajes, fletes y alimentos”.
De otro lado, César Cermeño, experto de la Universidad de los Andes, señaló que las metas de recaudo proyectadas son difíciles de sostener en el tiempo, dada la experiencia de reformas previas que se han ajustado antes de dos años.
El camino de la reforma en el Congreso
El trámite legislativo será clave. El proyecto se discute en paralelo al Presupuesto General de la Nación, cuyo monto debe definirse antes del 15 de septiembre. El primer debate en comisiones económicas está previsto para el 25 de septiembre, y las plenarias tendrán hasta el 20 de octubre para aprobarlo.
Mientras tanto, el sector privado y la ciudadanía seguirán atentos al pulso político y a las negociaciones, en un ambiente donde el dilema es claro: ¿cómo financiar los compromisos sociales del Gobierno sin frenar la inversión y el consumo?
*Con información de El Colombiano y La República.
