El país coincide en la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores, pero advierte que las decisiones deben ser técnicas, sostenibles y concertadas para no afectar el empleo ni la productividad.
El fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 -el mismo que fijó un aumento del 23,7% para el salario mínimo de 2026- reconfiguró el debate laboral y económico del país.
La decisión, que llega más de un mes después de que millones de trabajadores recibieran su primer pago ajustado al alza, abre un nuevo capítulo sobre los límites del Ejecutivo, el rigor técnico que exige la ley y la sostenibilidad de las empresas en un entorno económico frágil.
Según el documento del alto tribunal, la medida cautelar se adoptó tras revisar varias demandas que cuestionaban la legitimidad del decreto, argumentando que el incremento “carecía de la debida justificación técnica” y no reflejaba adecuadamente variables como inflación y productividad, tal como exige la Ley 278 de 1996. El Gobierno tiene ahora ocho días para expedir un nuevo decreto ajustado a la normatividad.
¿Por qué el Consejo de Estado frenó el aumento?
La suspensión no tumba el incremento de fondo, pero sí congela sus efectos mientras se estudia la legalidad del decreto. En palabras del fallo, algunas de las demandas presentadas tenían argumentos suficientes para cuestionar la validez del aumento, lo que obligó a detenerlo provisionalmente.
El impacto es inmediato: el aumento histórico del 23,7% queda en el limbo, y cerca de 2,3 millones de trabajadores podrían ver ajustes en sus ingresos dependiendo de la decisión final.
¿Qué dicen los empresarios? Respaldo al aumento, pero reglas claras
El sector empresarial reaccionó con preocupación, pero también con un mensaje común: el país necesita salarios dignos, siempre que las decisiones se tomen con rigor técnico y sin poner en riesgo el empleo.
ANDI: “Hay que preservar las condiciones de los trabajadores, pero con responsabilidad”
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) reiteró que la decisión del Gobierno generó “complejos efectos económicos y sociales”, especialmente para los más vulnerables. Su presidente, Bruce Mac Master, fue enfático: “Se han generado algunos derechos que consideramos no se deben afectar. Y hay que ser cuidadosos con eso”.
Mac Master también advirtió que la medida del Consejo de Estado abre interrogantes clave: “La primera era si el gobierno podía o no podía tomar una decisión como la tomó, con falta de fundamento técnico… La otra, ¿cuál es la base para la definición de salario mínimo vital?”.
Y lanzó un mensaje a las empresas: “Hemos hecho un llamado para que, independientemente de la decisión que se tome en los próximos días, logremos en la medida de lo posible mantener las condiciones salariales”.
Fenalco: “El fallo fue en estricto derecho”
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, celebró la decisión: “El incremento desmesurado del salario mínimo no obedecía a criterios técnicos, sociales y económicos, sino a arbitrariedades y una improvisación”.
Cabal insistió en que el nuevo decreto debe ser “ponderado” y evitar que se pierdan empleos, especialmente en las micro y pequeñas empresas.
Federación Nacional de Cafeteros: productividad y sostenibilidad
Desde el sector cafetero, Germán Bahamón destacó el equilibrio institucional: “Las instituciones democráticas han actuado conforme a sus competencias”.
La Federación ajustó sus operaciones para asumir el aumento, pero advirtió que el país debe enfocarse en productividad: “Este es el momento de fortalecer la base productiva de la Nación… La estabilidad económica y la sostenibilidad del campo deben ser propósitos superiores”.
¿Y en el terreno político? La disputa entre técnica y justicia social
La decisión del Consejo de Estado desató reacciones inmediatas en el Congreso y entre los candidatos presidenciales. El debate se polarizó entre quienes ven el fallo como un freno necesario y quienes lo consideran un golpe a los trabajadores.
En el Congreso: rigor técnico vs. dignidad laboral
Desde la oposición al Gobierno, el senador conservador Nicolás Echeverry afirmó: “Lo advertimos: las decisiones que impactan empleo, inflación y estabilidad empresarial deben tener sustento técnico y diálogo real”.
En contraste, desde el Pacto Histórico, el senador Ferney Silva rechazó la suspensión: “El salario mínimo vital no se toca… Esta medida cautelar beneficia a gremios que resisten el cambio, pero castiga a los más vulnerables”.
Candidatos presidenciales: entre la defensa del aumento y el llamado a la sostenibilidad
El exministro Mauricio Cárdenas propuso un acuerdo político: “Defender el incremento del 23%, pero al mismo tiempo defender a los empresarios para que lo puedan pagar”.
Otros, como Mauricio Lizcano, anunciaron acciones judiciales: “Los derechos adquiridos de los trabajadores son intocables… Voy a presentar una tutela contra la medida provisional”.
Desde la orilla crítica al Gobierno, Vicky Dávila insistió en que el aumento debe mantenerse, pero acompañado de alivios tributarios: “A los trabajadores no les pueden hacer conejo”, afirmó.
¿Qué viene ahora?
El Gobierno deberá expedir un nuevo decreto en menos de ocho días. La discusión no es menor: el salario mínimo no solo define el ingreso de quienes lo devengan, sino que sirve como referencia para millones de trabajadores y para múltiples costos empresariales.
El país parece coincidir en algo: los trabajadores necesitan mejores ingresos, pero las decisiones deben ser responsables, técnicas y concertadas para no poner en riesgo el empleo, la productividad y la estabilidad económica.
En lugar de dar por terminado el debate, el fallo del Consejo de Estado revive la discusión, inclusive, con más fuerza. Y obliga a todos —Gobierno, empresarios, sindicatos y candidatos— a demostrar que es posible construir un equilibrio que permita que Colombia avance sin dejar a nadie atrás.
