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Piloto de EPM observa el vuelo de un dron tras la certificación otorgada por la Aerocivil

56 pilotos y 22 drones: EPM logra una certificación inédita en el sector servicios públicos

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Piloto de EPM observa el vuelo de un dron tras la certificación otorgada por la Aerocivil
EPM opera 22 drones con 56 pilotos acreditados para inspeccionar redes, centrales, embalses, plantas y otras infraestructuras. Imagen extraída de video suministrado por EPM.

La Aerocivil la reconoció como la primera empresa de servicios públicos de Colombia certificada para operar aeronaves no tripuladas, una capacidad que agiliza las inspecciones, reduce riesgos para los trabajadores y fortalece el mantenimiento de la infraestructura.

EPM ya cuenta con 56 pilotos acreditados y una flota de 22 drones para revisar desde el aire redes, centrales, embalses, plantas y obras. Para los usuarios, esa capacidad puede traducirse en diagnósticos más rápidos, mantenimiento mejor informado y menor exposición de los trabajadores a alturas, espacios confinados o zonas de difícil acceso.

La certificación de EPM para operar drones, otorgada por la Aeronáutica Civil, convierte a la compañía en la primera empresa de servicios públicos de Colombia en alcanzar este estándar. El aval llegó después de un proceso de evaluación y auditoría sobre una operación que la empresa desarrolla progresivamente desde 2018.

¿Por qué los drones pueden mejorar la prestación de los servicios?

EPM utiliza estas aeronaves para inspeccionar redes eléctricas, subestaciones, centrales de generación, embalses, sistemas de acueducto y alcantarillado y plantas de tratamiento. También las emplea en levantamientos topográficos, gestión predial, seguimiento de obras civiles, fotogrametría, modelado tridimensional, atención de emergencias y monitoreo ambiental y climático.

La información precisa, estandarizada y georreferenciada que capturan los equipos facilita la detección de cambios o anomalías y respalda el mantenimiento predictivo y preventivo. Además, reduce tiempos de inspección y permite revisar activos sin exponer innecesariamente al personal.

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“Utilizamos los drones para hacer verificaciones en campo, también para el mantenimiento de la infraestructura lineal, como en transmisión, distribución, redes de gas, agua y en las centrales de generación”, explicó Edgar Fernández, jefe del Área Tecnologías de Operación de EPM.

Piloto de EPM prepara un dron utilizado para inspeccionar infraestructura
Los pilotos deben cumplir requisitos de formación, evaluación, aptitud médica, entrenamiento recurrente y horas de vuelo. Foto: cortesía EPM.

¿Qué cambia con la certificación de la Aerocivil?

El certificado acredita que la operación se ajusta al Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 100 y que cuenta con procedimientos comunes para planear vuelos, analizar riesgos, mantener los equipos y gestionar la seguridad operacional. EPM adoptó un modelo híbrido: centraliza los lineamientos, la documentación, la capacitación y la coordinación, mientras las áreas que requieren la tecnología ejecutan las misiones.

“Cada uno de los pilotos va a desarrollar su vuelo bajo los mismos estándares, teniendo los mismos criterios, haciendo una identificación y un análisis de los riesgos de la misma manera”, señaló Mario Fernando Rodríguez Montoya, coordinador del Grupo de Drones y Movilidad Urbana Aérea de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil.

Los pilotos deben formarse en un Centro de Instrucción Aeronáutico autorizado, aprobar la prueba teórica de la Aerocivil, mantener vigente su examen médico ocupacional y cumplir entrenamientos recurrentes, horas de vuelo y procedimientos internos.

¿Cómo beneficia este logro a los usuarios y al sector público?

La certificación da trazabilidad a una herramienta que EPM ya usa en situaciones concretas, incluido el seguimiento de cuencas, taludes y riesgos, y el monitoreo de las condiciones actuales del fenómeno de El Niño.

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La experiencia también puede servir como referencia para otras entidades públicas que quieran integrar drones a sus procesos con reglas claras y criterios uniformes de seguridad.

Para la ciudadanía, el valor final está en una operación más informada: detectar riesgos antes, intervenir infraestructura con oportunidad y sostener decisiones técnicas que favorezcan la calidad y continuidad de los servicios públicos.

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