El Gobierno decretó un aumento histórico hasta $1,75 millones —$2 millones con auxilio— sin concertación tripartita; gremios advierten impactos en inflación, formalidad laboral y sostenibilidad empresarial en pleno año electoral.
El aumento del salario mínimo para 2026, decretado unilateralmente por el Gobierno Nacional en un 23%, marcó un hito histórico en la política salarial del país y encendió una profunda controversia económica, empresarial y política. La decisión, anunciada en alocución televisada por el presidente Gustavo Petro, fija el salario mínimo en $1.750.905, que con el auxilio de transporte —ajustado en 24,5%— llevará el ingreso mensual a $2 millones, bajo el concepto de “salario o ingreso vital”.
Aunque desde el Ejecutivo se insiste en que la medida contribuirá a reducir la pobreza y a dinamizar la economía vía mayor demanda, los gremios empresariales nacionales y regionales advierten que el incremento, adoptado sin consenso en la Comisión de Concertación, podría generar efectos adversos sobre la inflación, el empleo formal y la sostenibilidad de las pequeñas empresas, que constituyen la base del aparato productivo colombiano.
El anuncio se produjo tras semanas de diálogo inconcluso entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Mientras las centrales obreras solicitaban un aumento del 16% y el sector privado proponía un 7,21%, el Ejecutivo optó por un ajuste que superó ampliamente ambas posturas.
“Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica: entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja”, defendió el presidente Petro en su cuenta de X, antes de oficializar la medida. En su alocución añadió que el país registra “la tasa de desempleo más baja de todo el siglo” y anticipó que las críticas no se harían esperar.
Sin embargo, el contexto no pasa desapercibido: 2026 será un año electoral, con elecciones de Congreso y Presidencia, y con una economía que aún enfrenta una inflación superior al 5%, lejos de la meta del 3%.
El costo real para las empresas
Más allá del ingreso del trabajador, el impacto recae sobre la estructura de costos empresariales. De acuerdo con estimaciones gremiales, el costo total de un trabajador que devengue salario mínimo rondará los $2,8 millones mensuales, considerando prestaciones, seguridad social y aportes parafiscales.
Este escenario preocupa especialmente a las mipymes, responsables de la mayor generación de empleo en el país y con márgenes financieros más estrechos.
Las alertas del empresariado nacional
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) fue enfática al advertir los riesgos de la decisión. En un comunicado, señaló que el incremento “genera grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana, especialmente sobre la inflación, los precios de bienes y servicios, el empleo y las finanzas públicas”.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, fue aún más crítico: “Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos la idea de que se están beneficiando, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles. Afectar inflación, empleo, informalidad y competitividad para mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes y las empresas formales, constituye uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”.
El gremio también recordó que cada incremento del 1% en el salario mínimo implica cerca de $400.000 millones adicionales en gasto público, una cifra especialmente sensible en medio de la actual estrechez fiscal reconocida por el propio Gobierno.
Antioquia: preocupan informalidad y pérdida de empleo
Desde Antioquia, una de las regiones más dinámicas del país, las reacciones no se hicieron esperar. Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, cuestionó la falta de concertación y alertó sobre sus consecuencias:
“El anuncio evidencia la incapacidad para la concertación. No se tuvo en cuenta la opinión de los principales generadores de empleo del país. Además, se genera alta inflación, se elevan los costos de vida y se fomenta la informalidad laboral”.
La entidad recordó que el sector privado genera el 88,5% del empleo, y que el 99,4% de la base empresarial regional está compuesta por mipymes, responsables del 56% del empleo formal.
Fenalco Antioquia también expresó un rechazo contundente. Su directora ejecutiva, María José Bernal, advirtió:
“Las consecuencias van a ser sumamente negativas. La más dolorosa será la masacre de empleos formales. Miles de colombianos migrarán a la informalidad, al desempleo y a la pobreza. También cerrarán empresas que no podrán soportar estos costos fijos”.
En la misma línea, Nicolás Posada, presidente del Comité Intergremial de Antioquia, señaló que el aumento “excesivamente alto” presionará la inflación, reducirá el empleo formal y acelerará la sustitución de mano de obra por tecnología, afectando especialmente a las pymes, que representan el 95% del tejido empresarial colombiano.
Más allá del debate: ¿una decisión contraproducente para la economía popular?
Mientras los sindicatos celebran lo que consideran una reivindicación histórica, el empresariado advierte que los efectos reales se verán en los próximos meses, cuando el aumento se traslade a precios, decisiones de contratación y planes de inversión.
El salario mínimo más alto de la historia reciente deja así un debate abierto: ¿podrá la economía absorber un ajuste de esta magnitud sin sacrificar empleo formal y sostenibilidad empresarial? La respuesta, coinciden los analistas, marcará no solo el cierre del gobierno actual, sino el punto de partida del siguiente.
