El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia cumplió tres décadas de buenos oficios
Las cámaras de comercio prestan servicios claves para la operación y sostenibilidad empresarial. Uno de esos servicios es la resolución de controversias o conciliación legal, asunto para el que la Ley las ha facultado con el fin de que comerciantes, empresarios y ciudadanía en general resuelvan sus diferencias con idoneidad.
Este 2023, el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que es uno de los más reconocidos en el país por su gestión acertada, está cumpliendo 30 años y los celebrará con actividades académicas y nuevos servicios que apuntan a fortalecerlo para que siga beneficiando la sociedad.
Valor & Negocios habló con Jorge Villegas, su orgulloso y entusiasta director, sobre el recorrido y porvenir de este servicio.
Valor y Negocios (V&N): ¿Qué servicios presta el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín?
Jorge Villegas (J.V.): En el nombre tenemos la triada de servicios de resolución de conflictos más conocida, pero se han ido generando otros que son el reto estratégico.
Tenemos el arbitraje, al que se llega de dos formas. La primera es incluyendo en los contratos la Cláusula Compromisoria que señala que, de darse una controversia, no se irá a la justicia ordinaria sino a un Centro de Conciliación y Arbitraje. Allí se presenta una demanda, se nombran unos árbitros y un secretario, se practican unas pruebas y se emite un fallo: el Laudo Arbitral. La segunda, si no hay Cláusula Compromisoria, las partes acuerdan no llevar la controversia ante un juez sino al centro de arbitraje. Esa se denomina Compromiso. Hay arbitraje nacional, internacional y social.
La conciliación es un mecanismo en el que las partes en controversia solicitan un conciliador que propone fórmulas para resolver la diferencia. Si llegan a un acuerdo se extiende un acta de conciliación, que tiene las características de un fallo judicial y obliga a ambas partes.
En la amigable composición, las partes en controversia, de mutuo acuerdo y mediante un contrato, facultan a un tercero para que analice la situación, revise los argumentos de cada lado y, de manera independiente, tome una decisión que obliga a las partes.
Esos son los 3 métodos tradicionales.
También tenemos el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, que es para personas del común que no pueden cumplir sus obligaciones económicas. Un mediador cita a los acreedores y suspende el avance de las obligaciones mientras se determina cómo la persona pueda honrar sus deudas de manera organizada y prolongada en el tiempo.
Otros servicios son el peritaje, que permite que en algunas discusiones una persona especializada dé un dictamen que le sirva a las partes para entender la dimensión del conflicto y resolver su controversia, y la ejecución de garantías mobiliarias, que es un sistema de constitución de la garantía más ágil que una prenda; tiene un costo cercano a $42.000 pesos, se constituye de manera electrónica y se procesa fácilmente en los centros de conciliación y arbitraje.
Y hay dos servicios adicionales: el PRES (Proceso de Recuperación Empresarial Simplificado), que es una medida de salvamento para las empresas que entran en crisis y otro que se da en dos líneas: Directrices Anticipadas y Acuerdos de Apoyo.
Antes, las personas con dificultades mentales, sordomudas, analfabetas, ciegas, interdictas, entre otras, se denominaban incapaces. A ellas se les adjudicaban unos tutores o curadores, pero recientemente se determinó que no debe haber incapaces y se incorporaron unos cambios en la legislación con los que esas figuras desaparecieron. Dos ejemplos:
Una persona mayor con alzheimer prevé que no va a poder tomar decisiones en unos meses; va a un centro de conciliación con un mediador y deja unas directrices, algo como un testamento. Da instrucciones para administrar, no para adjudicar. Eso se llama Directrices Anticipadas y permite que su familia o los terceros interesados entiendan que la persona se anticipó.
Y para los Acuerdos de Apoyo el caso es este: una señora de 67 años, soltera toda la vida, muy solvente económicamente, hacía todo con la familia; se enamora de una persona de 50 años. Entonces, la familia empieza: “tenemos unas sociedades, ella tiene el 50% y está bloqueando todas las decisiones. Eso no es justo”. Y ella dice: “¿cómo que no es justo? Esta es la persona con la que estoy compartiendo ahora mi vida, así que voy a hacer un Acuerdo de Apoyo de mis negocios”. En el régimen anterior, los familiares podrían haber pedido que a ella se le declarara interdicta.
V&N: ¿Cómo pueden acceder a estos servicios quienes no viven en Medellín?
J.V.: Nosotros tenemos otras cinco sedes: Caucasia, Yarumal, Bello, Ciudad Bolívar y Santa Fe de Antioquia. Además, desde la pandemia se pueden radicar solicitudes, adelantar procesos y celebrar audiencias de conciliación desde cualquier parte del país de manera virtual.
V&N: ¿Por qué un centro de conciliación en lugar de la justicia ordinaria?
J.V.: Los métodos alternativos de solución de controversias han cogido mucha fuerza porque permiten soluciones ágiles y de calidad, con personas expertas en cada materia: sector energético, construcción, temas ambientales, societarios, laborales; inclusive, hemos trabajado mediación estudiantil, vecindad y temas comunitarios.
Supongamos que tenemos 3500 conciliaciones al año. Estadísticamente, el 80% termina con acta de conciliación, o sea, las personas se han puesto de acuerdo. En un trámite de conciliación resolvemos en uno o tres meses un problema que puede demorarse cuatro o cinco años en la justicia ordinaria. Y un arbitraje puede llevarse entre seis meses y un año y medio. Mientras que la rama judicial, en primera instancia, en promedio, los procesos civiles y comerciales superan los tres años. Y si hay segunda instancia podría irse a cinco años.
Entonces, no es lo mismo un árbitro, un conciliador, que se dedica a un número determinado de procesos, que puede estudiar, practicar pruebas y conocer los argumentos, a un juez de la República que tiene que evacuar 2.000, 3.000 procesos acumulados. Ese tiempo se traduce en dinero porque si uno espera que le cubran unos perjuicios, no es lo mismo tres meses o un año a cinco o seis años esperando que le entre la plata.
V&N: ¿Cuál es el beneficio social de estos centros para el país?
J.V.: Lo primero es contribuir a la justicia; que los ciudadanos tengan mecanismos alternativos para resolver sus discusiones legales. Lo segundo es descongestionar la rama judicial para que pueda atender procesos de mayor impacto para la sociedad.
V&N: ¿Qué logros destacaría usted de este centro de conciliación en estos 30 años?
J.V.: En materia arbitral, los casos alrededor del Metro de Medellín e Hidroituango, por su representatividad y por haber desentrabado las discusiones. Eso es lo importante del arbitraje, que la búsqueda de soluciones no frena la ejecución y siempre se llega a un laudo. Por ejemplo, en el caso del Metro y el Consorcio Hispano – Alemán, la filosofía fue que las discusiones se dieran de manera ágil para terminar las obras.
En conciliación, un hito es que vamos creciendo en volumen y número de acuerdos al que llegamos. Un 80 a 86% es un porcentaje muy alto de asertividad.
Y, finalmente, el reconocimiento. Leaders League de Francia acaba de reconocernos como el segundo Centro del país, detrás del de Bogotá, y por encima de los de Cali y de la Super Sociedades. Además, nos reconocen entre los seis principales centros de conciliación y arbitraje de Latinoamérica, junto con Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chile, Lima y Bogotá.
