
La descertificación no trae sanciones inmediatas pero abre un compás de espera crítico para la economía y la diplomacia colombiana
Colombia enfrenta su mayor revés en política antidrogas en casi tres décadas: el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, decidió descertificar al país por incumplimiento demostrado en la lucha contra el narcotráfico, una figura que no se aplicaba desde 1996. Aunque la medida incluye un waiver que permite mantener la cooperación bilateral, el mensaje desde Washington es claro: hay un quiebre en la relación y las consecuencias podrían escalar si no hay resultados verificables en los próximos 12 meses.
Esta decisión, basada en el crecimiento de los cultivos de coca, la baja efectividad en la erradicación y la ineficacia en el combate a las estructuras criminales, llega en un momento de tensiones entre ambos gobiernos. Washington reconoce el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la Policía colombiana, pero responsabiliza directamente al “liderazgo político” por el deterioro de los indicadores antidrogas. En palabras de la Casa Blanca, los intentos fallidos del presidente Gustavo Petro por negociar con grupos criminales “exacerbaron la crisis”.
Una advertencia, no una ruptura total (todavía)
Pese a su gravedad, la descertificación no implica de inmediato sanciones económicas o el fin de la cooperación. Gracias a la figura del waiver, que considera a Colombia un socio estratégico para los intereses nacionales de EE. UU., se mantiene la asistencia en seguridad, justicia y desarrollo, pero ahora bajo condiciones estrictas de verificación.
“En la práctica, la decisión preserva la cooperación bilateral, pero eleva la exigencia sobre metas y verificación”, explicó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana. La dirigente empresarial fue enfática: “Hay una oportunidad real de reconsideración, pero el país debe actuar con rapidez y rigor. De no hacerlo, podrían activarse restricciones adicionales de asistencia y votos adversos en banca multilateral, aumentar el riesgo país y encarecer el crédito”.
Los factores que detonaron la decisión
Más allá del componente simbólico, el proceso de descertificación obedece a una serie de indicadores objetivos y decisiones políticas cuestionadas:
- Aumento en el área sembrada de coca.
- Débil ejecución de programas de erradicación.
- Falta de resultados contundentes en interdicción, extradiciones y desmantelamiento financiero de las estructuras narco.
- Tensión diplomática por posiciones ambiguas del Gobierno Petro frente a Venezuela y el Cartel de los Soles.
Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, “la descertificación es el resultado del aumento exponencial del cultivo de coca, el desinterés complaciente por una lucha decidida contra el narcoterrorismo y de una política exterior errática”. Cabal también alertó sobre los efectos de trivializar el impacto de las drogas: “La droga destruye vidas y familias y acaba con el futuro de la sociedad. No es admisible el discurso reiterado que busca banalizar sus terribles efectos”.
¿Qué está en juego para la economía colombiana?
A pesar del waiver, la descertificación sí afecta la imagen internacional de Colombia y puede golpear su posicionamiento en los mercados. Así lo expresó Analdex, al señalar que “la medida puede deteriorar la percepción de riesgo de Colombia en los mercados internacionales”. Aunque los aranceles no cambiarán automáticamente, el país pierde poder de negociación con su principal socio comercial.
Las cifras lo dicen todo:
- Entre enero y julio de 2025, las exportaciones de Colombia a EE. UU. alcanzaron US$8.811 millones, creciendo un 7,7% frente al mismo período de 2024.
- EE. UU. representa el 30,6% de las ventas externas del país.
- En inversión extranjera directa, EE. UU. aportó US$2.268 millones en el primer semestre de 2025, es decir, el 34,4% del total recibido.
Según Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, la situación no puede tomarse a la ligera: “La descertificación podría tener efectos adversos sobre las relaciones bilaterales, la economía nacional y el clima de inversión en el país”. Advirtió además que la medida puede desencadenar “la pérdida de confianza por parte de inversionistas internacionales, impacto en el comercio bilateral, afectación del precio del dólar y de la estabilidad macroeconómica”.
Plan de choque o consecuencias mayores
El Gobierno colombiano tiene 12 meses para revertir esta decisión. El camino, de acuerdo con gremios y expertos, debe incluir:
- Un plan de choque con metas verificables trimestralmente.
- Auditorías independientes.
- Fortalecimiento de la seguridad en zonas cocaleras.
- Restablecimiento de la aspersión aérea (cuando sea viable jurídicamente).
- Una hoja de ruta binacional clara y sostenible.
Para Analdex, la clave está en reconstruir una estrategia conjunta y proactiva que evite mayores daños. “Es un fracaso compartido que requiere autocrítica de ambos lados. La lucha antidrogas debe librarse entre países productores y consumidores”.
¿Y Antioquia? El riesgo de perder un socio irremplazable
Desde la región, la decisión confirmada por el gobierno de Donald Trump también es vista con preocupación. Fredy Pulgarín, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, fue enfático: “Estados Unidos es nuestro primer mercado. Representa una tercera parte de nuestras exportaciones. Perder ese mercado sería un golpe muy fuerte para la economía antioqueña”.
La relación con EE. UU. es vital para la economía del departamento, no solo por volumen, sino por el dinamismo. Según Pulgarín, mientras en valor las exportaciones han crecido un 16%, en volumen el incremento es superior al 50%.
“Decir que reemplazamos el mercado norteamericano es supremamente difícil. Perder un mercado es relativamente fácil, pero recuperarlo es muy difícil”, advirtió.
En conclusión
La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos es una señal política severa con implicaciones económicas que, si bien no son inmediatas, sí pueden escalar rápidamente. Por ahora, el waiver representa una tabla de salvación temporal que exige resultados concretos.
El país tiene un año para demostrar que sigue siendo un socio confiable, o arriesgarse a que esta medida evolucione hacia sanciones que afecten el corazón de su economía, especialmente en regiones como Antioquia, donde Estados Unidos representa un socio comercial insustituible.
* Con información de El Colombiano, Portafolio y El Espectador