La reforma amplía la cobertura y corrige subsidios inequitativos, pero deja intacto el mayor riesgo del sistema: un mercado laboral con alta informalidad y una carga fiscal creciente.

Por Duglas Balbín Vásquez.

Con la bendición dada por la Corte Constitucional a la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), de la cual solo ordenó volver a tramitar algunas partes de nueve artículos en la Cámara de Representantes, es innegable que el país está dando un salto significativo. Sin embargo, mientras unos la defienden y otros la rechazan, el cedazo por el cual vale la pena pasarla para determinar si es acertada, es aquel que la motivó.

Vamos al contexto. A medida que pasaron los años, la Ley 100 de 1993 fue una cometa pidiendo más y más pita, no solo en lo pensional. Entre las razones, una fundamental: es un escenario cada vez más distante de la realidad del mercado laboral; en consecuencia, se fue volviendo inviable porque la población aportante al sistema de seguridad social nunca ha estado cerca de lo esperado. En otras palabras, con una informalidad que hoy es del 54.5 % es imposible que estén cotizando a salud y pensiones tantos trabajadores como se previó.

Por ello, antes de evaluar si la reforma pensional va a servir para algo, valga decir que sin el prerrequisito de una reforma laboral -que fomente el empleo y la formalización- pocas posibilidades habrá de mejorar el panorama desolador de las pensiones que se ha estado observando: sólo cotiza una de cada dos personas y apenas se pensionan 25 de cada 100. Vale la pena recordar que la reforma laboral del gobierno recién concluido -Ley 2466 de 2025- se enfocó más en proteger al que tiene empleo, que en vincular y formalizar a los que están por fuera.

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(…) sin el prerrequisito de una reforma laboral -que fomente el empleo y la formalización- pocas posibilidades habrá de mejorar el panorama desolador de las pensiones que se ha estado observando: sólo cotiza una de cada dos personas y apenas se pensionan 25 de cada 100.

Volvamos al comienzo: lo que motivó la reforma. El sistema pensional ha padecido tres problemas profundos: baja cobertura, inequidad y tambaleante sostenibilidad. ¿Con la Ley 2381 de 2024 en qué medida se corregirán? El salto, aunque significativo, en la práctica no nos dejará tranquilos porque la culebra sigue viva. Me explico:

El nuevo sistema que estará vigente desde abril de 2027 establece un esquema de pilares y por esa vía se activará el logro más notorio, aunque insuficiente: más cobertura. Los pilares son el solidario, que cobijará con un ingreso básico a adultos mayores que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad; el semicontributivo, que cubre con una renta vitalicia a quienes cotizaron pero no cumplieron las semanas (se acaba la devolución de saldos); y el tercer pilar es el contributivo, que abarca a quienes cotizan (todos en Colpensiones y a partir de 2.3 salarios mínimos en fondos que competirán por ese ahorro). Y ese pilar incluye la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que será una especie de reserva formada con parte del ahorro que entrará a Colpensiones; el Banco de la República administrará ese recurso para garantizar que a largo plazo financie el pago de pensiones.

Vale la pena subrayar e insistir que lo ideal en cuanto a cobertura tendrá que ser con más gente contribuyendo. Porque una cosa es subsidiar el ingreso para millones de adultos mayores que nunca cotizaron y otra muy distinta es otorgar pensiones. La pensión es el resultado del ahorro que hace el afiliado durante la vida laboral.

El lado débil y preocupante de la reforma pensional, donde el avance es nulo, es la sostenibilidad.

En cuanto a equidad también hay cambios. Con el límite de la cotización en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos, en el futuro no habrá pensiones altas con cargo al Estado (excepto por los regímenes especiales). Y en consecuencia, se acabará el pago de elevados subsidios incorporados hoy a las pensiones más costosas. De otro lado, la reforma prevé la reducción gradual de semanas cotizadas para las mujeres, que serán 1.000 en 2036. Esto, en respuesta a un requerimiento de la Corte Constitucional.

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El lado débil y preocupante de la reforma pensional, donde el avance es nulo, es la sostenibilidad. Resulta que como en adelante todos los afiliados al sistema cotizarán en Colpensiones, el Estado tendrá en el futuro una carga mayor cuyo costo tenderá a subir en el largo plazo. Además, asume pronto el costo de los pilares solidario y semicontributivo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estimó que el costo de lo que requiere Colpensiones del Presupuesto General de la Nación crecerá del 1.3 % del PIB en 2025 al 3.8 % del PIB en 2063. Para entonces, como están las cosas, no habrá reservas y esa platica tendrá que salir de algún lado: impuestos y cotizaciones, por ejemplo. Así que, por lo menos desde la necesidad de volver viable el sistema pensional, muy pronto se requerirá otra reforma.

En resumen, durante más de 20 años “mamamos gallo” con la reforma pensional y al gobierno que la hizo le quedó coja. Que los sucesivos, ojalá en poco tiempo, no aplacen el trámite de las reformas (laboral y pensional) que realmente contribuyan a establecer un sistema financieramente viable y socialmente responsable. Para que las siguientes generaciones tengan, al fin, algo respaldado en un mercado laboral con baja informalidad y que más personas coticen y accedan a pensión en la vejez. No olvidemos que cada vez habrá más adultos mayores: el país experimenta reducción de la natalidad y aumento de la longevidad.