El nuevo operador integrado controlará cerca del 40% del mercado móvil. La SIC impuso estrictas condiciones para evitar un duopolio y garantizar mejoras en calidad, cobertura y precios para los usuarios.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración entre Tigo y Movistar, en lo que ya se considera la movida más relevante de la última década en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia. Con esta decisión, el país entra en una nueva etapa: dos grandes jugadores —Claro y la empresa resultante de la integración— concentrarán cerca del 90% del mercado móvil, un reordenamiento que promete eficiencias, pero que también exige vigilancia estricta para evitar afectaciones a la competencia y a los usuarios.
Millicom, dueño de Tigo, y Telefónica, matriz de Movistar, venían avanzando en un acuerdo de compraventa valorado en US$400 millones para consolidar sus operaciones en el país. El Ministerio TIC ya había dado concepto favorable, resaltando que esta integración podría equilibrar el mercado y dinamizar la inversión, aunque advirtió la necesidad de proteger el entorno competitivo para evitar un duopolio de facto.
El nuevo operador Tigo–Movistar nacerá con casi el 38% del mercado móvil, una escala que le permitirá competir de tú a tú con Claro, pero que también ha despertado preocupación entre otros jugadores, especialmente en WOM y los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que alertaron sobre el riesgo de una concentración sin precedentes.
Un sector que exige inversiones y presiona márgenes
Las telecomunicaciones son uno de los sectores más intensivos en capital: requieren inversiones continuas en espectro, redes, antenas y tecnología para ofrecer mayor capacidad, velocidad y estabilidad. Como lo advirtió Carlos Blanco, presidente de Tigo, “hay que entregar más data y bajar precios para seguir siendo competitivos. Esa combinación hace que los márgenes se reduzcan si no se mantiene la inversión”.
Esa realidad ha impulsado en el mundo procesos de consolidación y acuerdos para compartir infraestructura que contribuyen a reducir costos, acelerar despliegues y sostener la calidad del servicio. Fabián Hernández, presidente y CEO de Telefónica Movistar, explicó que “los operadores buscamos formas más eficientes de usar los recursos, y las integraciones permiten generar eficiencias que fortalecen la innovación y las inversiones”.
En ese contexto, la integración entre Tigo y Movistar no solo responde a la lógica económica del sector, sino que se convierte en un paso natural hacia un mercado más competitivo. Pero también en un reto regulatorio de gran escala para evitar que dos grandes operadores terminen coordinando estrategias o limitando las opciones para los usuarios.
Las condiciones que deben cumplir Tigo y Movistar
Aunque la SIC reconoció beneficios potenciales —como mayor capacidad de inversión, eficiencias operativas y mejoras en la calidad del servicio— también identificó riesgos que deben ser mitigados y definió un paquete de condicionamientos dirigidos a proteger la competencia y garantizar que los usuarios no experimenten retrocesos.
1. Separación técnica de los núcleos de red
Para evitar coordinación indebida:
- Los núcleos de red deberán permanecer completamente separados.
- La empresa integrada debe mantener identidades de red distintas.
- Se requiere una certificación semestral de un auditor independiente.
2. Protección estricta de la información sensible
Para impedir que la unión temporal facilite intercambios estratégicos:
- Deben implementar manuales de gobierno, protocolos y controles de acceso.
- Se exigen reportes semestrales sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno.
- Cualquier conflicto de interés debe gestionarse con transparencia.
3. Garantías para OMV y para operadores que usan RAN
Para evitar prácticas que limiten la competencia:
- Prohibición de modificaciones unilaterales e injustificadas en contratos.
- Respeto obligatorio a la tarifa tope regulatoria.
- Reporte semestral de cualquier cambio contractual.
- Entrega de un histórico de precios dentro de los primeros tres meses.
4. Mantener cobertura y calidad en zonas alejadas
Para proteger a las poblaciones rurales:
- Prohibición explícita de disminuir cobertura o calidad.
- El desmonte de sitios solo podrá hacerse si no afecta la prestación del servicio.
- Presentación de criterios técnicos para desmontes en tres meses.
- Informes semestrales sobre calidad y ejecución de planes.
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría acarrear sanciones previstas en la Ley 1340 de 2009, incluyendo la reversión de la integración.
El temor al duopolio: la voz de WOM
WOM, principal competidor emergente del sector, expresó su desacuerdo con la decisión y envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando frenar la integración. La compañía advierte que la operación puede configurar un mercado duopolístico y generar efectos negativos como:
- Aumentos en los precios.
- Reducción de la cobertura en varias regiones.
- Ampliación de la brecha de conectividad rural.
- Limitación a la entrada o supervivencia de nuevos operadores.
Para algunos analistas, la preocupación de WOM es válida: el equilibrio del mercado dependerá del cumplimiento riguroso de las condiciones impuestas y de la capacidad de la regulación para evitar comportamientos coordinados.
¿Qué significa esta integración para los usuarios?
La SIC dejó claro que la integración debe ser técnicamente transparente para los usuarios de Tigo y Movistar: no habrá cambios en el corto plazo en la prestación del servicio, y cualquier transición deberá garantizar continuidad, calidad y estabilidad.
Para los usuarios, la operación puede traducirse en:
- Mejor calidad de red, gracias a mayor inversión.
- Más despliegue tecnológico, especialmente para 4G y 5G.
- Posible reducción en precios por mayor eficiencia operativa.
- Menores riesgos de fallas y de congestión en la red.
- Mejor cobertura rural si se cumple la reglamentación.
El reto, como siempre, estará en la ejecución.
Un nuevo capítulo para las telecomunicaciones en Colombia
La integración entre Tigo y Movistar marca un antes y un después en la historia de las telecomunicaciones en Colombia. El mercado se reconfigura, los incentivos cambian y la competencia entra en una etapa decisiva.
Si las empresas cumplen las condiciones y el regulador mantiene vigilancia activa, el país podría estar frente a una oportunidad única para modernizar la infraestructura, elevar la calidad del servicio y acercar más regiones al mundo digital.
La apuesta es grande; los riesgos también. Pero el futuro del sector —y de los usuarios— dependerá de cómo se implementen, monitoreen y hagan cumplir las reglas del juego en esta nueva realidad del mercado.
