El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acompañado por alcaldes de 16 municipios del Suroeste antioqueño, gremios, diputados, congresistas y líderes locales, anunció que la Gobernación demandará la resolución 000377 del Ministerio de Agricultura. Esta medida establece una “Zona de Protección para la Producción de Alimentos” en la subregión, generando amplio rechazo en los territorios afectados.
Durante un encuentro en Ciudad Bolívar, el mandatario afirmó que la resolución vulnera la autonomía de los municipios y va en contra de la Constitución de 1991. “Esta resolución se pasa por la galleta a la Constitución. Bloquean el progreso y desarrollo de una subregión cafetera, trabajadora, con vocación exportadora, minera, turística y esencial para el empleo y la productividad. No permitiremos que un burócrata en Bogotá que no conoce nuestro territorio ni nuestra cultura decida sobre el futuro del Suroeste”, enfatizó Rendón.
Los alcaldes expresaron su preocupación por el impacto que tendría la medida en la economía local. Néstor Camilo Serna, alcalde de Betulia, destacó que la resolución promueve cultivos que no son representativos de la región. “Para Betulia, recomienda sembrar arroz, gulupa, lulo, mandarina y mango, lo que no responde a nuestra vocación económica ni a las necesidades del territorio”, señaló.
Por su parte, León Darío Acevedo, alcalde de Ciudad Bolívar, advirtió que cambiar la vocación económica de la región afectaría su productividad y competitividad. “El Suroeste tiene un espíritu cafetero, agropecuario, minero y turístico. Esta resolución desconoce nuestras fortalezas”, puntualizó.
El Gobernador manifestó su apoyo a los municipios y resaltó que buscará alternativas jurídicas para frenar la implementación de la resolución. Además, criticó que las recomendaciones de los alcaldes y la Gobernación fueran ignoradas. “Coincidimos en la lucha contra el hambre, pero lo hacemos con acciones concretas, sin ideologías ni prohibicionismos que parecen venidos de la Colonia”, concluyó.
La resolución 000377 del Ministerio de Agricultura, que da vida a las APPA, delimita el uso del suelo en el Suroeste antioqueño para la producción de 49 alimentos prioritarios. Según la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, estas áreas buscan garantizar la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, críticos advierten que esta medida afectará actividades económicas clave como la minería, el turismo y la ganadería, además de limitar el crecimiento del sector caficultor, que es el pilar económico de la región.
Con esta resolución, se pretende regular el uso de hasta 250.000 hectáreas, lo que representa más del 39% del territorio del Suroeste. Según los detractores, esta decisión desconoce la diversidad productiva y el potencial de la región, generando incertidumbre en los municipios afectados.
Mientras tanto, la polémica sigue creciendo, y las autoridades locales, junto con la Gobernación de Antioquia, se preparan para dar la batalla legal en defensa de la autonomía territorial y la vocación productiva del Suroeste.
