En medio de un complejo panorama para el sector eléctrico en Colombia, Brookfield Corporation, el fondo de inversión canadiense propietario de Isagen, ha manifestado su rechazo a las medidas propuestas en un proyecto de decreto del Gobierno nacional. Según la compañía, estas iniciativas representan un «trato arbitrario, desproporcional e inequitativo» que podría afectar sustancialmente sus inversiones en el país.
La preocupación de Brookfield proviene de un proyecto de decreto anunciado por el Gobierno que busca garantizar la confiabilidad y estabilidad tarifaria del servicio de energía eléctrica. Una de las medidas más controvertidas establece que los generadores de energía solo podrán ofertar hasta el 5 % de su producción en el mercado mayorista, lo que ha generado una fuerte reacción en el sector.
Brookfield, en una carta dirigida al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, advierte que estas disposiciones desconocen los estándares de protección de la inversión extranjera establecidos en acuerdos internacionales. Swati Mandava, secretaria general de la corporación, asegura que estas limitaciones alteran las bases fundamentales del mercado eléctrico colombiano y podrían generar una pérdida sustancial en el valor de las inversiones.
Son cinco, los puntos clave de la comunicación de Brookfield, donde expresan su inquietd ante el proyecto de decreto:
- Libertad económica: El fondo señala que la medida vulnera la libertad de los generadores de energía para definir sus transacciones en el mercado mayorista, limitando su capacidad de negociar libremente.
- Asignación eficiente de riesgos: Según Brookfield, imponer un límite del 5 % en las ventas en la bolsa de energía transfiere riesgos desproporcionados a los generadores, especialmente en escenarios de baja hidrología.
- Suficiencia financiera: La propuesta afectaría la sostenibilidad financiera de los generadores al restringir una de las principales fuentes de ingresos: las ventas en la bolsa de energía.
- Garantía de igualdad: La corporación denuncia que la medida discrimina a los generadores con fuentes renovables al beneficiar a aquellos que utilizan combustibles fósiles.
- Violación del régimen de competencias: Brookfield considera que el decreto desconoce las competencias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), lo que califica como una violación al marco legal vigente.
La carta de Brookfield llega en un momento crítico para el sector energético colombiano. Las amenazas de racionamiento, los problemas financieros de las distribuidoras de energía y la necesidad de ampliar la capacidad de generación para asegurar el suministro a futuro son desafíos que desde diferentes sectores han prendido las alarmas.
El pronunciamiento de Brookfield podría abrir un nuevo frente litigioso entre Colombia y un inversionista extranjero. La compañía enfatizó que las medidas contravienen tanto la Constitución colombiana como los compromisos internacionales, lo que podría derivar en acciones legales en tribunales internacionales. Este debate refleja las tensiones entre las políticas públicas para estabilizar el mercado energético, especialmente en lo que tiene que ver con las tarifas; y las garantías para los inversionistas extranjeros.
