El Ministerio de Trabajo le puso freno de mano al plan de formalización de cerca de 1 millón de contratistas del Estado. En una comunicación dirigida al secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez advierte que no es posible adelantar el proceso en cuatro meses como lo planteó un concepto emitido a través de una circular por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
En la comunicación, la jefe de la cartera de Trabajo señala que observa con extrañeza como DAFP emitió la Circular Conjunta No. 100-005-2022 sin tener en cuenta las recomendaciones del ministerio, entre las cuales se destaca revisar la disponibilidad presupuestal con el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con la Ministra el proceso de formalización de los empleados no podría llevarse a cabo en su totalidad este año y para ello sugiere adelantarlo por etapas. La primera fase sería en 2023 a través de la formalización con prevalencia a los auxiliares técnicos y personal asistencial de entidades públicas. En una segunda fase propone adelantar los procesos de planeación y estructuración de la formalización para los profesionales de la siguiente vigencia.
Las dudas frente a la implementación del programa también fueron señaladas por los alcaldes del país a través de la Federación Colombiana de Municipios, que en una comunicación al Gobierno Nacional señaló, “la gran mayoría de municipios (en especial 1.033 municipios de categorías 4, 5 y 6) no tienen los recursos para financiar los estudios de planta que la ley exige en estos casos”. Ello se suma además a la imposibilidad de hacer cambios en las nóminas municipales cuatro meses previos a las elecciones debido a la Ley de Garantías.
