El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación antes del plazo legal, tras un acuerdo entre Senado, Cámara y Gobierno que prioriza inversión social y apunta a mantener el equilibrio fiscal.
El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, fijado en $546,9 billones, luego de que el Senado acogiera el texto avalado por la Cámara de Representantes. La decisión, tomada con 50 votos a favor y 27 en contra, dejó el proyecto listo para la sanción presidencial, a cuatro días de vencer el plazo legal.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró el acuerdo alcanzado y resaltó la rapidez del proceso legislativo, que esta vez avanzó con más fluidez que el año pasado.
“Hemos dado un ejemplo significativo para el país: es posible construir caminos de encuentro para lograr estrategias fundamentales en el desarrollo nacional. Hoy le estamos dando una señal a Colombia de que el consenso sí es posible”, afirmó el ministro tras la aprobación.
El monto aprobado, aunque inferior en $10 billones al proyecto presentado por el Gobierno inicialmente ($557 billones), representa un incremento de $35,9 billones frente al presupuesto de 2025, que fue de $511 billones. Además, incluye $16,3 billones condicionados a la aprobación de una próxima reforma tributaria.
Educación y salud, los más beneficiados
La distribución de los recursos establece $358,1 billones para funcionamiento, $100 billones para el pago de la deuda pública y $88,4 billones para inversión. Entre los sectores con mayores incrementos figuran educación y salud, que consolidan su papel como pilares del gasto social para el próximo año.
El presupuesto de educación crecerá en $6,6 billones (8,1%), alcanzando los $88,2 billones, mientras que salud recibirá un aumento de $11 billones (16,4%), para un total de $78,1 billones.
En contraste, entidades como la Defensoría del Pueblo enfrentarán un recorte del 5%, pese a las advertencias sobre el posible impacto operativo de la medida. También se registraron reducciones en áreas como deporte y agricultura, lo que generó inquietud entre algunos congresistas de oposición.
Reparos desde la oposición
Pese al ambiente de consenso, algunos sectores expresaron inconformidades sobre el procedimiento y la distribución de los recursos.
Para la senadora Angélica Lozano que se haya acogido íntegramente el texto de la Cámara podría exponer el proyecto a una nulidad similar a la que enfrenta la reforma pensional. La legisladora también denunció aumentos en partidas como los $280.000 millones asignados al DAPRE y los $587.000 millones a entidades de control, mientras se reducen los fondos de la Defensoría.
Por su parte, desde el Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda alertó sobre un posible “mico” en el articulado que, según él, abriría la puerta al uso de recursos pensionales para gastos de funcionamiento: “La plata de las pensiones es sagrada y no puede ser utilizada para temas electorales”, afirmó.
El texto aprobado pasará a revisión jurídica antes de ser sancionado por el presidente Gustavo Petro.
* Con información de El Espectador, Infobae y El País (Cali).
